SÓLO PARA ENTERADOS

Magisterio en paro:

Nueva modalidad

del crimen organizado

 

• Pseudo líderes buscan dinero, poder e impunidad usando a los maestros como carne de cañón

• El clamor de la sociedad es usar la fuerza policial contra los vándalos para evitar enfrentamientos con la sociedad

  

       Húbert Ochoa

      Al momento de escribir estas líneas, luego de las noticias recientes de los atropellos al Estado de Derecho a cargo de los maestros disidentes, supuestos paladines de la educación, nada se sabe de si la fuerza pública se aplicará en atención a las súplicas de restablecer el orden ni de la vuelta a clases, y también se desconoce si los líderes del movimiento acudirán a los llamados al diálogo. Sin embargo, ya se dispone de certidumbres:

     - En los días en que los maestros de la sección 7 secuestraron, literalmente, las instalaciones de PEMEX, el gobierno, en voz del secretario de gobierno de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, los emplazó a una mesa de negociación, al diálogo, pero la respuesta de los profesores fue un rotundo no. Y llegado aquí ya no se entiende qué es lo que realmente mueve al conglomerado magisterial: si la lucha por la educación, o la defensa de sus derechos laborales (esos que nunca han sido trastocados por la reforma educativa), o la ambición y los caprichos de los dirigentes.

     - Se tergiversa el derecho de la libre expresión y se confunde con la perversidad al abusar de él para cometer delitos. Y la filosofía de la época “tu derecho termina donde empiezan los míos” se convierte en demanda social.

     - La indignación y el coraje más efectivo de la gente, que con claridad se puede ver a través de sus actos de supuesta quietud y serenidad, no son hacia el gobierno que ha tolerado las aberrantes acciones del magisterio hasta rebasar los límites de la cordura, sino dirigidos en protesta contra los métodos utilizados por los maestros inconformes con la reforma educativa.

     - Cerrar los accesos a la ciudad, impedir el tránsito, tomar violentamente centros comerciales, instituciones gubernamentales, medios de comunicación y carreteras y secuestrar las casetas de peaje y robar las cuotas para mantener vivo el levantamiento y emborracharse, no puede llamarse libertad de expresión, sino como lo calificó la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 9 de septiembre de 2013: violaciones a los derechos humanos.

      - Los maestros de la sección 7 del SNTE se empeñan en su decisión de no entender la nueva ley de educación y a hacer caso omiso a la exigencia de volver a las aulas, y en su afán de permanecer en paro indefinido no sólo agravan el proceso educativo actual sino también ocasionan serios problemas financieros en la entidad, generando pérdidas económicas que nada más en Tuxtla Gutiérrez es de hasta un 40 por ciento. El día 28 de septiembre las pérdidas reportadas rebasaban los 12 millones de pesos.

      - La tolerancia tiene sus límites, y si el gobierno no actúa con la facultad legal de aplicar la fuerza policial para hacer respetar el Estado de Derecho y restablecer el orden público, permitirá con la omisión un posible enfrentamiento entre sociedad y maestros que puede terminar en hechos lamentables.

     - Se le apuesta al chantaje como medio eficaz para someter al gobierno y hacerlo claudicar en su afán de corregir el rumbo perdido por más de cinco décadas, en las que además de conservar en el atraso educativo a la entidad muchos pseudo líderes se enriquecieron con las prerrogativas obtenidas de los gobiernos anteriores.

    - El movimiento magisterial en Chiapas, después de cumplir los cincuenta días en paro (intransigencia), está transformado en una nueva modalidad del crimen organizado.

     - Alejandro Adelfo Gómez y Pedro Gómez Bámaca, uno principal promotor de los disturbios provocados por el Bloque Democrático de la sección 7 y el otro dirigente estatal de las arbitrariedades de la CNTE, no buscan llegar a un acuerdo a favor de la educación ni por los derechos gremiales porque eso no les interesa; por el contrario, lo único que defienden es su patrimonio, dudarlo es ofenderlos, la impunidad.

      A todo esto, ¿qué es pues el Estado de Derecho: un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una constitución que fundamenta jurídicamente tanto las acciones de las autoridades como de la sociedad en conjunto que bien puede menospreciarse -o ignorarse- cada vez que los intereses personales de unos cuantos se vean amenazados, o un marco legal que fija además los límites de los propios derechos? De acuerdo al acontecer actual, es lo primero.

      Para el efecto, ¿dónde quedan los razonamientos morales y a quién le importa a la hora de la vida en sociedad? La historia nos remite a la falta de consciencia profesional que han tenido desde siempre los líderes del magisterio, que obviando la legislación y amagando con desatar una revolución con el grueso del profesorado si no les cumplían sus deseos, cobraron entre 30 y 50 mil pesos mensuales en el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Nada más en esos seis años fueron más de 250 millones de pesos los que se repartieron entre los cabecillas.

      En este curso, Amadeo Espinosa Ramos es un claro ejemplo de la voracidad y la impunidad, que parapetado tras las filas de la sección 7 se agenció jugosos negocios que no pararon en las regalías financieras sino que lo catapultaron a las curules de las cámaras legislativas a través de su otra propiedad: el Partido del Trabajo.

     Hoy, Alejandro Adelfo Gómez y Pedro Gómez Bámaca, siguen el ejemplo de Amadeo Espinosa: confunden a los maestros, los usan como carne de cañón, y de lograr algo (cosa inconcebible) los únicos beneficiados serán ellos y no los maestros en paro.

     Como síntesis suprema de este movimiento, que por necesidad crea sus propias leyes, entrega sin necesidad de palabras su apotegma: “La Revolución es la revolución. La Impunidad es la impunidad”, apotegma que santifica la ilegalidad, el castigo de los inocentes (más de un millón de niños sin clases) y la burla a los amagos de la opinión pública.

      La autoridad no puede permanecer en el quietismo, seguir tolerando los delitos, dejar que a sus gobernados los ultrajen unos cuantos. Los descuentos salariales a 30 mil 322 docentes y las 1055 constancias de interinato entregadas a maestros, tan solo fue una medida pero no suficiente. Lo que ahora se necesita -y que la gente pide- es que se aplique urgentemente la fuerza pública para recobrar el orden y la paz social, dejando caer el peso de la ley sobre los malhechores. Porque el mensaje es: “Recuerden que en sus manos está reparar la injusticia”.