PRIMERO LA LEY
Fue parte de una tradición nefasta que en Chiapas la desestabilización por intereses políticos beneficiara a grupos y perjudicara a los chiapanecos. Es disparatado, pero sucedía: en muchas ocasiones desde palacio de gobierno en los tiempos de Sabines se estimulaban los conflictos que luego, mediante el empleo de muchos millones de pesos, aparecían salvadores que ponían fin, como por arte de magia, a esos conflictos.
Parece inverosímil, sin embargo esa práctica fue
recurrente. Así pasaba igualmente en los tiempos en que Arely Madrid Tovilla
fue secretaria de gobierno en el interinato de Roberto Albores Guillén, cuyo
secretario particular, el ex presidiario Federico Ruiz Gamborino, era quien a
manos llenas repartía dinero a los líderes y ellos, el grupo cercano a Madrid
Tovilla, se quedaban con jugosas ganancias.
La industria del chantaje generó dividendos millonarios al
círculo del poder en el sexenio
inmediato anterior. Se trató de una gobernabilidad simulada que confeccionó un manto
de corrupción que sigue en la impunidad. Líderes del magisterio, de
organizaciones ligadas a Nemesio Ponce Sánchez, ex subsecretario de gobierno y
de Mauricio Perkins Cardoso, los alfiles de la operación sucia en ese mandato,
mensualmente recibían sumas de 30 hasta 250 mil pesos por su complicidad.
Al perder esa producción generosa, falsos redentores en las
últimas semanas iniciaron una jornada de violencia ultrajando los intereses de
los chiapanecos y alterando la paz social en un estado que fue entregado en
ruinas por la administración anterior debido al monstruoso pillaje y a la red
de confabulaciones.
La carretera que comunica a Tuxtla con San Cristóbal y
otras vías importantes como las de la Costa de pronto fueron taponadas por
tropeles de revoltosos que falazmente alegaban falta de respuestas a sus
demandas. Nada más falso, ruin y sucio que eso.
Hubo pérdidas millonarias para los sectores productivos, se
perturbó la tranquilidad y muchos niños y jóvenes no pudieron asistir a clases
debido a los bloqueos carreteros. La sociedad, indignada, exigió la aplicación
estricta de la Ley para impedir más quebrantos al orden social y
Constitucional.
La semana pasada, la
Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó una orden de
aprehensión girada por el Juez Tercero Penal de Delitos Graves con sede en el
“Amate”, por los delitos de Extorsión y Motín, en contra de los responsables de
una serie de bloqueos carreteros en varios puntos del estado tras la denuncia
presentada por diversos ciudadanos, quienes se vieron vulnerados por el bloqueo
carretero que un grupo de alrededor de 80 personas realizó en forma violenta el
pasado 8 de agosto en la autopista
Tuxtla Gutiérrez –San Cristóbal de las Casas, en Tapachula, Frontera Comalapa y
Comitán; por lo que la Fiscalía de Distrito Centro inició la averiguación
previa 369/CEC9-T2/2013.
Queda claro pues que la Ley a todos
nos iguala y a todos nos protege y que es deber del gobierno del estado
garantizar el Estado de Derecho para disfrute de las libertades de todos,
cerrando el paso a la impunidad y a la coacción de quienes añoran tiempos idos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario