- Operativos de la policía no sólo contra el crimen organizado: también contra la trata de personas, los deshuesaderos, casas de empeño y hasta en la Zona Galáctcia
- La clausura del desplumadero La Palapa del negro, un hit policial; era propiedad del ex alcalde Yassir Vázquez Hernández, quien jura a los cuatro vientos que pronto volverá a abrirlo
Ruperto Portela Alvarado/Areópago.
Una
de las preocupaciones de los gobiernos, cualesquiera que este sea,
federal, estatal o municipal, es la de mantener la tranquilidad social,
el combate a la delincuencia, la violencia y el respeto de los derechos
humanos. Chiapas por lo menos está en los primeros rubros de atención a
la ciudadanía al mantener en bajos perfiles el problema delincuencial en
comparación con otras entidades de la república; pero eso, digamos, no
es suficiente.
Con
certeza y de manera mediática se ha influenciado en la ciudadanía de
que el gobierno estatal de Manuel Velasco Coello está operando por un
lado en la prevención del delito y por otro en el combate a la
delincuencia. La calificación que se le impongan a estas acciones será
responsabilidad de la misma sociedad que es la que nunca se equivoca.
Quiero creer que la realidad de los operativos supera nuestras
suspicacias.
Uno
de los programas lanzados recientemente en este sentido es el de la
Policía y el Centro especializado de Denuncia Anónima “Fuerza Ciudadana”
que está arrojando buenos resultados. Pero no por eso hay que echar las
campanas al vuelo, ya que la delincuencia no descansa. Habría que
darles el voto de confianza al gobierno y a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en relación a este programa.
Viene
a cuento todo este choro mareador por los operativos que recientemente
ha realizado la PGJE de Chiapas en conjunto con la Fiscalía
Especializada en Atención a los Delitos en Materia de la Trata de
Personas (FEADMTP); la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia
Organizada (FECDO); Fiscalía de Distrito Metropolitano; Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) y la Secretaria de
Seguridad Pública Municipal. Creo a mi buen entender, que también
debería participar un representante de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, si es que sirven para algo.
Hace
algunas semanas se llevó a cabo un primer operativo para detectar
irregularidades en 22 Casas de Empeño y 15 deshuesaderos de vehículos,
de los que ya no se informó de la situación jurídica reglamentaria de
cada uno de estos. Extraoficialmente se dio a conocer que solo dos
deshuesaderos resultaron con irregularidades que luego fueron
solventadas. En este sentido se supo que donde hubo irregularidades fue
en la Secretaría de Seguridad Pública, donde el titular quiso sacar
provecho de la situación.
El otro operativo que se dio a conocer fue el realizado en la zona de tolerancia La Galáctica, localizada en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo. El comunicado oficial señaló:
“La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que en el
marco de diversos operativos este miércoles fueron clausurados nueve
establecimientos que operaban de forma irregular en la zona de
tolerancia conocida como “La Zona Galáctica”. Lo anterior, luego de
practicar una diligencia de cateo en el bar “La Tapatía”, una cantina
innominada, y en las cocinas económicas “Doña Belli”, “Nancy”, “Rosita”,
“Elenita”, “Valeria”, “Anita” y “Alejandro”.
En
estas acciones fueron clausurados los comercios por no contar con
licencia para la venta de bebidas alcohólicas, permisos de factibilidad
de uso de suelo, licencia de funcionamiento y por no cumplir con las
medidas sanitarias. Además, en el establecimiento denominado “Alejandro”
fueron localizados dos menores, uno de ellos se encontraba ingiriendo
bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a la detención de la
propietaria, Eulogia Fuentes González. Cabe destacar que el Código Penal
vigente en el estado afirma que por el Delito en Materia Sanitaria se
impondrá prisión de uno a cinco años y de 50 a 200 días de multa a quien
permita la venta ilícita de bebidas alcohólicas a las personas que no
hayan alcanzado los 18 años de edad”. Lo que no quedó claro es si
también quedaron clausurados los centros nocturnos y la misma Zona
Galáctica.
En
otro operativo, se le cayó por sorpresa al cuestionado centro botanero
“El Negro”, del que siempre se dijo que su propietario era el ex alcalde
de Tuxtla Gutiérrez, SETH YASSIR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, el de los 260
millones de pesos destinados a la obra de remodelación del primer cuadro
de la capital, bautizada como “Viva el Centro”, que dicho de paso
resultó un rotundo fraude.
Ya
se comentaba en secreto a voces que en ese lugar esquilmaban a la gente
y que también se distribuía droga al menudeo; por eso resulta extraño
que no se haya intervenido por la autoridad judicial, municipal y de
salud pública desde hace mucho tiempo atrás. Esto fue lo que dijo la
parte oficial de ese operativo:
“Derivado
de un operativo interinstitucional encabezado por la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), este jueves fue clausurado el
establecimiento conocido como la “Palapa del Negro”, al detectarse que
operaba de forma irregular. Lo anterior, en el marco de una diligencia
de cateo realizada en la 3ª. Poniente, entre 5ª. y 6ª. Norte, en la
colonia Centro de la capital chiapaneca.
La
Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) dio a
conocer que en el lugar fueron encontradas 58 dosis de polvo blanco, con
las características propias de la cocaína. Por otra parte, la
Secretaría de Salud Municipal clausuró el negocio por incumplimiento de
Medidas de Higiene y Seguridad, y por su ubicación próxima a una
Institución Pública. Estas acciones se efectuaron de acuerdo a la Ley
de Salud, en Materia de Establecimientos que Expendan o Suministren
Bebidas Alcohólicas.
En
el operativo participaron la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), en coordinación con la Secretaría de Salud, Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, y Protección Civil Municipal”.
NO HAY COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS…
Si
de algo hay que desconfiar después de los políticos, la policía, el
aparato de administración de justicia, entre otros, es de la instancia
responsabilizada para la defensa de los derechos humanos que una vez por
presión, allá por 1990 creó a nivel nacional el entonces presidente de
la república, Carlos Salinas de Gortari. Pero en Chiapas ésta no es la
excepción, pues desde la creación de esa estructura estatal por
Patrocinio González Garrido y el nombramiento de Alberto de la Rosa
Salazar, no ha servido para lo más mínimo.
Es
cierto: Hay una Comisión o un Consejo, según se le quiera denominar,
pero en realidad no existe la defensoría de los derechos humanos porque
el aparato está ligado a las decisiones oficiales y son más bien unos
empleados del gobierno a los que nombró el Poder Legislativo por
instrucciones directas. Lo vimos con el ex gobernador PABLO SALAZAR
MENDIGUCHÍA que quiso –y lo logró—imponerse a las decisiones del
ombudsman, PEDRO RAÚL LÓPEZ HERNÁNDEZ e impuso para su beneficio a un
incondicional como JUAN CARLOS MORENO GUILLÉN, quien se caracterizó en
su “calidad” de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
como un testaferro de “Su Majestad de Soloyó”.
La
historia reciente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos que
construyó y fraguó el entonces gobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO,
poniendo y disponiendo de los cargos y posiciones de cada uno de los
integrantes de esa institución, ya es sabida por todos los chiapanecos,
pues libraron una lucha intestina por el poder político y el control del
presupuesto al interior del Consejo que llevó a su desaparición,
dejándolo en una total descrédito.
La
situación no es diferente con la llegada de JUAN OSCAR TRINIDAD
PALACIOS a la nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos porque es un
político chapado a la usanza tradicional de la genuflexión al Poder
Ejecutivo. Hasta la fecha lleva escasos cinco meses en funciones desde
que tomó posesión de la presidencia de la CEDH el 30 de enero de este
2014. Se podría decir que la CEDH en Chiapas no se ve, porque, como el
árbitro en el partido, todo está bien y no hay por qué intervenir. Pero
eso no es cierto, porque la realidad –en realidad—es otra.
Juan
Oscar Trinidad Palacios no es precisamente un político calificado; es
más bien un afortunado político, parodiando al profesor Carlos Hank
González porque el turulo sí tiene dinero. Por eso ya fue presidente del
CDE del PRI, diputado local (líder cameral); diputado federal y en sus
inicios director de Transportes de Chiapas, entre otros cargos. Es
circunstancial que después de estar en el ostracismo político, regrese
como magistrado y presidente del Tribunal del Servicio Burocrático del
Poder Judicial del Estado y de ahí saltar a la presidencia de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la entidad.
Aunque
a estas alturas del partido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
no se ve en los hechos, habría que darle el beneficio de la duda a mi
amigo Juan Oscar Trinidad Palacios en su proceder como presidente de
este organismo, pues bien saben todos los que lo conocen que el
tonalteco no sabe nada de los protocolos de los derechos humanos…
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