miércoles, 24 de septiembre de 2014

No más Pluris…




Eliminar cien diputaciones plurinominales representaría un ahorro millonario para el país que puede invertirse en más obras sociales
·         Alejandra Soriano, Amadeo Espinosa Ramos y su mafia del PT: Los más beneficiados con las malditas plurinominales
·         Las plurinominales ya no tienen razón de ser; urge apoyar la consulta para terminar con fueros e impunidad

Mario Caballero/Areópago
            La propuesta que lanzó el PRI el 20 de agosto de 2014 de eliminar 132 legisladores plurinominales ha precipitado lo que podría considerarse una avalancha de nieve. Los primeros en oponerse fueron los del PRD, cuya defensa a la mano, la única, es el ataque. Pero quizá la reacción menos compresible es la del diputado federal plurinominal Julio César Godoy Toscano, el más combativo o, si se quiere, el más mañosamente a la defensiva: “Suprimir las figuras plurinominales equivale a un retroceso en la democracia y a propiciar un desequilibrio en el poder”.
¿De dónde saca el futuro presidiario que eliminar las plurinominales es un retroceso democrático y que además rompe el equilibrio en el poder? En primer lugar, el legislador por representación proporcional nunca ha personificado un beneficio para la democracia porque más allá de robustecer la oposición, el ideal partidista y ser un agente que vincule el régimen con los intereses generales de competencia nacional, es defensor de las ambiciones de grupos radicales, es la detentación de un cargo, es la conversión de la soberanía como título de impunidad.
Y en segundo lugar, ¿con qué calidad moral opina al respecto cuando hay serias acusaciones de lavado de dinero y de nexos con el narcotráfico en su contra? A la sazón, ¿cuál es el sentido de su lucha? Porque el único sentido a la vista es que su intervención en el asunto no es dirigido en defensa del sistema democrático del país (dixit), sino para la retención del fuero que hasta hoy lo mantiene prófugo de la justicia, y que obtuvo gracias a la complicidad de sus compañeros de bancada que lo metieron al recinto legislativo escondido en la cajuela de una camioneta para no ser aprehendido antes de hacer la toma de protesta.

PORQUE SÍ

Después de la pequeña ilustración anterior, ¿cómo se pueden defender las plurinominales? ¿Recurriendo a la historia y demostrando que han servido para darle equidad al poder? ¿Destapando los expedientes políticos para argumentar que una diputación o senaduría plurinominal no significa abuso y protección, sino un avance democrático? ¿Abriendo un foro público para debatir que la eliminación vendría simbolizando una regresión política para el Estado mexicano? Cosas poco –o nada– practicables.
De tal manera que si no es bajo las premisas de inmunidad, pago de favores o pactos políticos, no hay forma de explicar cómo una hija y un nieto de Elba Esther Gordillo sean senadora y diputado plurinominales. ¿O cómo entender que los líderes del sindicato petrolero sean uno senador y otro diputado por la misma vía? Tampoco habría otra justificación para los motivos indiscutibles que llevaron a un hijo de Martha Sahagún a ser diputado plurinominal por el Partido Nueva Alianza.
Por lo tanto, ¿qué valor tiene la propuesta del PRI? O mejor dicho, ¿cuáles serían los beneficios eliminando a 100 de los 200 diputados federales y los 32 senadores de representación proporcional? Entre otras cosas, lo siguiente: Evitar atrasos en toma de decisiones en los procesos legislativos que tanto le urgen a la patria y reducir el gasto.
Veámoslo, primeramente, por el lado del costo económico: De aprobarse la reducción de los 100 diputados federales, el ahorro en sueldos por los tres años de legislatura sería de 536 millones 400 mil pesos; además, habría una reserva extra por 601 millones de pesos por concepto de apoyos ordinarios y extraordinarios, los cuales son pago de asesores, servicio de alimentos, boletos de avión, primas vacacionales, seguros médicos de gastos mayores, telefonía celular, pases de casetas carreteras, vehículos, entre otros, es decir, la suma de 167 mil 666 pesos que cada legislador recibe mensualmente por aprobación de la Secretaria General del Congreso Federal para que puedan cumplir con sus obligaciones y compromisos que marca la ley. En total sería un aproximado de 1137 millones de pesos por quitar a esos 100 diputados.
Ahora, por los 32 senadores se ahorrarían 45 millones 273 mil 600 pesos anuales en el pago de sueldos (nótese que sólo estamos hablando de sueldos, sin contar las subvenciones (sinónimo de estafa), ya que un senador gana alrededor de 117 mil 900 pesos por llegar a dormir a su curul). Por consiguiente, son más de 234 millones de pesos anuales entre sueldos de diputados y senadores que al ahorrarse podrían ser mejor aprovechados en la construcción de hospitales, escuelas, seguridad social, etcétera.
Y esto nos lleva necesariamente a buscarle una respuesta a la situación de ¿cómo en un país tercermundista, con un régimen económico familiar que en su mayoría no permite siquiera una vida digna, con desigual distribución de la riqueza, con pobreza y miseria alarmantes, sin empleos, sin opciones para los miles de jóvenes que año con año egresan de las universidades, con seres angustiados por la renta o los servicios médicos o el hambre,  se puede dar el lujo de pagar sueldos tan elevados, sueldos cuyo incremento no va acorde con el aumento al salario mínimo (para el 2014 el incremento al salario mínimo fue del 3.9% equivalente a 2.46 pesos diarios, ni para medio kilo de tortilla)?           
Al respecto, sólo me permito un señalamiento: que lo más triste es para lo que ha servido el (involuntario) derroche económico. Porque la imagen del legislador plurinominal, creada por Jesús Reyes Heroles en el año de 1977 con la idea de darle mayor legitimidad a la democracia y equilibrar el poder legislativo, teniendo las mismas funciones que un diputado de mayoría relativa (representar al pueblo, fiscalizar los recursos públicos, legislar y gestionar apoyos ante los distintos órdenes de gobierno), nunca ha sido fundamental –insisto- para el desarrollo democrático, pues ha servido nada más para cubrir cuotas políticas de los partidos y devenir en un evidente desastre administrativo y político.

A PROPÓSITO EN CHIAPAS

Hablemos de los acontecimientos en el Congreso local. ¿Qué han hecho por Chiapas personajes como Amadeo Espinosa Ramos, Alejandra Soriano Ruiz, Juan Carlos López Fernández, Abundio Peregrino García, Hugo Roblero Gordillo, Sonia Catalina Álvarez, por citar algunos, bajo la investidura plurinominal?

Para ellos esta figura es la entrega de cuotas de apoyo. Así fue como Juan Carlos López Fernández asciende al escenario político y de ahí alcanza el estrellato delictivo al usar el fuero para escapar de la justica, ya que parte de su fortuna lo obtiene del crimen organizado de Tabasco.
El pago de lealtades políticas. Alejandra Soriano es premiada con una diputación fast track por Juan Sabines Guerrero, a quien le aprobó las deudas que contrajo el gobierno y que hoy representan el atraco más monstruoso en la historia de Chiapas.
El servilismo a grupos mafiosos: Amadeo Espinosa Ramos, siendo diputado federal plurinominal en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, arma a un grupo de choque en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para incendiar el ayuntamiento de Palenque con tal de eliminar los registros que incriminaban a Alfredo Cruz Guzmán de un millonario hurto al erario público.
La defensa en cuerpo y alma de las corrientes partidistas que contralan políticamente a la agrupación en general (Sonia Catalina, Hugo Roblero y Abundio Peregrino no pueden ocultar su participación en las maniobras que Amadeo Espinosa hace para controlar el Partido del Trabajo en Chiapas, y es por eso que todos ellos has sido beneficiarios de esta distinción).

LA CONSULTA
     
            El reto que tenía el PRI de reunir un millón 600 mil firmas en la consulta social que propone la eliminación de las 132 curules plurinominales, es fundamental porque, pese al complejo proceso de aprobación, una plurinominal nunca favorecerá a la política, menos aun cuando su único fin es la acumulación de poder y riqueza. La propuesta no es sólo quitar del presupuesto a 132 gentes, sino también impedir que se siga institucionalizando la impunidad. 

            Lo que hay que entender no es quién sale ganando con esto, si el PRI o el pueblo. Porque la razón real del asunto es el desalojo de Amadeos Espinosa, de Juanes López Fernández, de Julios Godoy Toscano, a quienes hay que imposibilitarles el acceso al mando para que ya no se reporten más crímenes a la nación; la razón es acabar, en términos claros, con el narcopoder.
           
            Unas horas antes de vencerse el plazo, es decir el 15 de septiembre, el PRI anunció en voz de su dirigente nacional haber reunido un promedio de 6 millones de firmas, una cifra sin precedentes lograda en sólo tres semanas y que el lunes 15 de septiembre de 2014 fue entregada por su estudio a la Cámara Alta.

            El siguiente paso está en manos de la Corte. Los ciudadanos ya hablaron.

No hay comentarios:

Publicar un comentario