• Con un aforo para 31 mil 500 personas y construido con inversión de 50 millones, puede ocurrir allí una tragedia
• Baños insalubres, falta de agua y medidas de seguridad, entre otras, son las carencias que nadie toma en cuenta
• ¿Pasará aquello de después de ahogado taparán el pozo?; llamado urgente para las autoridades
Construido en el gobierno de Pablo
Salazar Mendiguchía con una inversión de 50 millones de pesos que puso al
mandatario en el centro de la polémica pues tal inversión fue considerada un
capricho en un estado con altos niveles de pobreza, el estadio de fútbol Víctor
Manuel Reyna, con un aforo para 31 mil 500 personas, representa un
riesgo para la integridad de los aficionados al violar elementos básicos de
seguridad.
El 24 de mayo de 1964 el mundo fue
sacudido por un desastre en Perú. En el estadio de fútbol de Lima se
enfrentaban las selecciones de Perú y Argentina en la final clasificatoria para
las Olimpiadas de Tokio que se celebraron en el mes de octubre de ese mismo
año.
Una decisión arbitral fallida del
silbante uruguayo Ángel Eduardo Pazos que dio el triunfo a los albicelestes por
la mínima diferencia tres minutos antes de concluir el cotejo, provocó una estampida de miles de gentes. El
estadio no tenía condiciones de seguridad ni salidas de emergencia, generando
la muerte de al menos 350 personas en lo que se considera la peor tragedia de
todos los tiempos en un estadio de fútbol.
En los gobiernos de Salazar y de
Juan Sabines Guerrero se hizo caso omiso a las reglas esenciales en materia de
seguridad no obstante que al coloso asisten niños, jóvenes, mujeres y adultos
mayores debido a que en Chiapas, particularmente en la capital, existe marcada
devoción por el fútbol, incluso a pesar de la vergüenza que hizo pasar a los
chiapanecos el infame equipo Jaguares que, como se sabe, sangró
el presupuesto oficial en esos dos sexenios de corrupción e impunidad.
Está visto que cuando un estadio no
presenta factores de seguridad indispensables ocurren hechos lamentables como
el de Lima, Perú, que provienen no de cuestiones naturales sino de la torpeza
de autoridades a las que sólo les importa ganar dinero, lucrar con el
espectáculo pero no la seguridad de quienes van a divertirse en familia.
Una y otra vez se les dijo a Salazar
y a Sabines que el coliseo presentaba (y presenta) graves irregularidades que
en cualquier momento acarrearían una desgracia. Ambos sabían pero ignoraron la
seriedad del asunto por su marcada complicidad con la usura y porque estaban
más ocupados en la rapiña del erario público que en atender prioridades de los
chipanecos y la seguridad de la afición es una de esas prioridades.
Los miembros del club deportivo
Jaguares y sus directivos contaban con infraestructura placentera y de la más
alta tecnología, en contraste a la precariedad observada en la mayoría de
sectores del estadio como los sanitarios, en donde el hedor a orina y a heces
es extremado debido a la carencia de agua.
La malla con la que se protegen las
tribunas no garantiza la más mínima estabilidad, sobre todo en la zona naranja
que es un espacio reservado para la porra del conjunto local (en esta ocasión
será el San Luis) y compuesta por muchachos de barrio, básicamente de Patria Nueva
por ser zona vecina del recinto, cuyo comportamiento no siempre es el más
adecuado, sobre todo cuando los ánimos se calientan por las decepciones que
causan los jugadores. El equipo de Jaguares sólo sirvió para dar desencanto a
una afición leal, por eso finalmente su salida de Chiapas fue celebrada y
porque además con ella se terminó el saqueo que significaba para los dineros
del pueblo.
Hasta ahora no se aprecia un
programa de mantenimiento y conservación del inmueble. No hay un plan de
contingencia de protección civil para procurar la seguridad de los asistentes,
ya que el estadio fue en esos dos gobiernos una forma más para la rapiña. Ni el
club ni las autoridades municipales y estatales durante doce años se
preocuparon en atender consideraciones de riesgos, hecho que pudo ocasionar una
calamidad pues en ocasiones el estadio estaba repleto, inclusive con sobrecupo,
en partidos que la oncena felina disputaba con cuadros como el América que jala
a miles de aficionados.
¿Y AHORA QUÉ…?
Motivar una apta convivencia
familiar evitando lo más posible errores humanos se logra con programas acordes
establecidos en la Ley de Protección Civil, la Ley del Deporte y en los
lineamientos emitidos por la Federación Mexicana de Fútbol. En el capítulo XV
del manual de organización con que operó el club Jaguares se señalaba la
elaboración de un plan de emergencia para dar una respuesta rápida y oportuna
en una situación de urgencia, pero estaba sólo en el documento, ya que jamás se
cumplió.
El estadio zoque Víctor Manuel Reyna
es una edificación de alto riesgo que viola, hasta en día con abierta
impunidad, la Ley Estatal de Protección Civil y que en cualquier momento puede
originar un hecho doloroso.
Con 18 equipos en la disputa por el
campeonato y el no descenso, el torneo de apertura en 2013 empezará en los
próximos días y debe concluir el 8 de diciembre de 2013. El estadio zoque,
también conocido como la selva chiapaneca, ahora será sede
del equipo Atlético San Luis, de reciente adquisición, para satisfacción de los
chiapanecos que tras la salida de los mediocres Jaguares pensaron que se quedarían
sin fútbol de primera división.
Se ha detectado que el
funcionamiento tal del estadio viola varios artículos de la Ley de Protección
Civil. El artículo 39 de esa ley dispone que las personas físicas o morales
como parte de una cultura de transparencia de riesgos, deberán adquirir una
póliza de seguro respecto a los bienes que utilicen y ocupen, cubriendo daños a
terceros.
Las autoridades del estadio
incumplen con ese requisito, así como
con el artículo 59 de misma Ley de Protección Civil que mandata que debe
haber un programa interno de protección civil autorizado por las autoridades
del ramo, con mecanismos de señalización y prevención, así como un seguro de
cobertura amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare la
eventualidad de un siniestro.
En tanto, el artículo 55 de la
citada Ley afirma que es obligación de todas aquellas personas físicas y
morales que lleven a cabo la realización de eventos o espectáculos de
concentración masiva y con fines de lucro, garantizar la seguridad de las
personas asistentes mediante personal capacitado en materia de protección
civil.
El estadio no cuenta con una unidad interna de
protección del inmueble. No existe un órgano normativo y operativo del estadio que
se responsabilice a desarrollar y
dirigir las acciones de protección civil, además de que en decenas de ocasiones
se rebasó el cupo por la maldita codicia de los dueños del club Jaguares para
exprimir a la afición.
En 2012 en Chiapas se registraron al
menos mil 300 sismos porque es una de las entidades con mayor actividad sísmica
de la República. El costo humano y político podría ser elevado si cuestiones
tan sencillas no se resuelven a tiempo. No tiene caso tapar el pozo después de
que el niño se haya ahogado.
El funcionamiento anormal del
estadio Victor Manuel Reya fue otra cuestión de ilegalidad en esa red de
confabulaciones y de pillaje que se tendió en los dos mandatos inmediatos
anteriores. Ahora ya no se debe permitir que el estado siga operando en esas
condiciones, pues el compromiso primigenio de este gobierno es la aplicación de
la Ley y asegurar el Estado de Derecho en una entidad que durante doce años fue
ultrajada por el abuso, la omisión y la corrupción.
(Fragmento del reportaje de la edición 530 ya en circulación)
(Fragmento del reportaje de la edición 530 ya en circulación)
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