De maestros a pandilleros

• El empleo de la fuerza pública contra los revoltosos en paro no sólo es legítimo, sino necesario y urgente

 

 • El chantaje, modus operandi de los líderes: cobraban con Sabines de 30 a 50 mil pesos al mes Ante el hartazgo de la sociedad, van delito tras delito; violan el Artículo 9 de la Constitución 

        

        Húbert Ochoa/Areópago.

     La autoridad está obligada y facultada en estos momentos al uso de la fuerza pública para restablecer el orden en el centro de Tuxtla Gutiérrez y en otras partes de la entidad que ha sido quebrantado por pandilleros aglutinados en la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ésta ahora cordón umbilical de la diabólica CNTE luego de que Alejandro Adelfo Gómez ganó sospechosamente la Secretaría General en la elección del 6 de julio pasado.

No solo es legítimo el empleo de la fuerza, sino necesario. Una y otra vez los líderes del Bloque Democrático se han negado a dialogar con el gobierno del estado porque en su agenda política el fondo es otro: es la impunidad, el abuso, la ramificación y el predominio de vicios y confabulaciones, jamás una educación pública de calidad.

      No rechazan la Reforma Educativa porque lastime sus derechos, sino porque de tajo les cancela momios ganados en el terreno de la complicidad.

En la parte dogmática del Derecho Político están consideradas las garantías de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica de los mexicanos, cuyo objeto es evitar privilegios y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley sin distinción de razas, colores, credos o ideas partidistas.
     A los maestros convertidos en forajidos no se les han coartado los derechos de manifestación, asociación y libertad de expresión. Incluso, el Estado se ha mostrado manso porque un gobierno democrático siempre buscará salidas dialogadas a los conflictos. En cambio, los adalides del magisterio le apuestan a un sacrificio político que los catapulte al limbo y forzar, así, negociaciones soterradas para seguir disfrutando riquezas y canonjías.

       El chantaje ha sido su modus operandi. En el gobierno de Sabines tal arma, sucia y abominable, les dio apetitosas ganancias. Los cabecillas desfilaban religiosamente cada mes en la oficina de Nemesio Ponce Sánchez, subsecretario de gobierno de Sabines, el hombre que en esos seis años fue un pequeño dios terrenal porque a su antojo hizo y deshizo de las finanzas públicas de Chiapas. Allí se les daban regalías económicas que oscilaban entre los 30 y 50 mil pesos.

    Al menos 250 millones de pesos se repartieron en esos seis años. Todas las corrientes magisteriales eran tapadera de la corrupción. El colofón resultó desastroso para la educación porque el gobierno no se preocupó en preparar mejor a los maestros, sino en mantener controlado a sus líderes otorgándoles dietas que abultaron sus cuentas bancarias y les permitieron llevar una vida en la molicie. La asociación delictiva también se premió con diputaciones locales, federales y senadurías.

     Existe un retruécano perverso en el discurso de los maestros en paro. Hablan de derechos pero tramposamente soslayan los derechos de los ciudadanos de vivir y trabajar en paz. Y sin duda el crimen más atroz que cometen es dejar a miles de niños sin el derecho fundamental de recibir educación estipulado en los artículos 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Ese derecho, sin embargo, es peccata minuta ante sus ambiciones desenfrenadas de poder.

     El derecho de asociación o reunión del cual se desprende otro que es el de manifestación está previsto en el artículo 9 de la Constitución. Pero ¿es el derecho de manifestación un derecho absoluto? No, no lo es, ya que toda reunión o asociación debe ser pacífica y con fines legales, lo que no ocurre en el caso del magisterio pues en el colmo de la intransigencia violenta la legalidad al amparo de un derecho que infaliblemente tiene restricciones.

     Es decir, una vez que se ejerce este derecho los participantes están impedidos de injuriar a la autoridad, ejercer violencia contra ella, coaccionarla u obligarla a realizar un acto en particular. Sólo basta observar la conducta primitiva de los maestros enrolados en el truculento Bloque Democrático.
La libertad de expresión también tiene reservas en cuanto se trata de los derechos de terceros, se ataque la moral, se provoque algún delito o se perturbe la paz pública. ¿Qué han hecho los maestros del Bloque Democrático que no sea alterar el orden en la ciudad, dañar el patrimonio y la tranquilidad de terceros y cometer delitos? Por eso resulta infame cómo entienden los ejercicios del derecho y la libertad.

DELITO TRAS DELITO

      La semana pasada tomaron al menos 32 alcaldías chiapanecas y secuestraron a los trabajadores que había en ellas. La caseta de cobro de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal ya es suya: de las 9 de la mañana a las dos de la tarde obtienen un promedio de 200 mil pesos que van a parar a los bolsillos de los líderes y, otra parte, la usan para emborracharse. La Torre Chiapas, las instalaciones de Petróleos Mexicanos, los cruceros más transitados y las plazas comerciales de la ciudad, son otros de sus blancos estratégicos. Van delito tras delito.
     Al mes del movimiento magisterial (28 de septiembre) el comercio organizado de la capital reportó pérdidas por 12 millones de pesos. El turismo sufre una caída angustiosa, mientras que la imagen de Tuxtla es fatal porque el parque está convertido en un muladar en el que los maestros defecan, cocinan, comen, duermen, juegan barajas, hacen el amor sin usar condón, escuchan música norteña y se embriagan con caguamas y Bardi Blanco en medio del tufo a orina y a excremento.
Urge rescatar el Estado de Derecho. Urge poner fin al cautiverio en que viven los tuxtlecos desde el 28 de agosto de 2013.