viernes, 1 de agosto de 2014

TRECE SUR // Impunidad en el Magisterio


Profesores federales jubilados exigieron al dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Adelfo Alejandro Gómez, la aparición de 100 millones de pesos que forman parte de sus fondos de retiro, conformado desde el año 2000, que hasta la fecha no aparecen.
Desde el 2010 a la fecha al menos 10 mil maestros no reciben su Fondo de Seguro de Retiro (FSOR). Sin embargo el actual líder sindical se ha negado a dar una respuesta o explicación sobre la situación actual de esos recursos, denunció el profesor en retiro José Francisco Aguilar Santiago.
Explicó que en su primera etapa fueron 89 millones con los que se conformó el fondo. En el gobierno de Sabines les otorgaron otros 10 millones de pesos, pero hasta ahora no se saben en dónde están esos 99 millones y sus intereses.
Misteriosamente 32 millones de pesos están repartidos a personas desconocidas en la colonia Ojo de agua. Otros 10 millones están en poder de un particular de nombre Julio César N sumando un total de 42 millones, haciendo falta el resto de esos recursos y sus intereses.
A los maestros ni física ni documentalmente les ha demostrado la existencia de esos recursos. Desde el 2010 a la fecha, son unos 10 mil maestros jubilados que no han recibido esos beneficios.
         Situación similar ha ocurrido en la Sección 40 del SNTE. Ahí se cometió un fraude de al menos 51 millones de pesos que permanece en la impunidad. Ex líderes como Jorge Pérez Pérez, Julio César Chamé Martínez, David Aguilar Solís (éste fue diputado y luego alcalde de Tonalá por obra y gracia de Sabines), así como el actual dirigente de la Sección, Julio César León Campuzano, quien está demandado en la Procuraduría de Justicia, siguen gozando de impunidad amparados en el chantaje, mientras que los maestros no se cansan de reclamar que se les aplique la ley.
         La Sección 40 del SNTE debe ser sometida a una profilaxis judicial de sus ex dirigentes para cumplir una exigencia de legalidad planteada por los maestros. El fraude de 51 millones de pesos cometido a más de 20 mil socios mutualistas que atesoran 90 pesos mensuales está (¿o estaba?) debidamente registrado en la averiguación previa 669/CAJ4-B/2004 que al parecer fue destruida o engavetada en los cajones del olvido.
         Una y otra vez, en marchas y en los medios de comunicación, los agraviados solicitaron la detención de los presuntos responsables del atraco: Jorge Pérez Pérez, David Aguilar Solís y Julio César Chamé Martínez, todos protegidos por la ex intocable celestina maestra Elba Esther Gordillo Morales.
Nada se hizo. Pablo Salazar Mendiguchía, a través de su procurador Mariano Herrán Salvatti, se supone que no sólo extravió deliberadamente la averiguación previa, sino además lanzó amenazas veladas a las cabezas visibles de los protestantes “de calmarse y bajarle de huevos”.
La amistad en la cúspide tiene recompensa porque Jorge Pérez Pérez sigue con su vida envuelta en la molicie, si hasta antes de ser líder era un taxista mediocre; David Aguilar Solís fue diputado local y luego alcalde de Tonalá y Julio César Chamé Martínez no fue molestado ni siquiera con el pétalo de una rosa en una diligencia ministerial.
         Esa es la impunidad que reina en los sindicatos en perjuicio de los agremiados.

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