- Otra ex lideresa del SNTE está tras las rejas por el robo de más de 123 millones de pesos
- Rosendo Galíndez y Juan Manuel Armendáriz Rangel, partícipes en el saqueo al magisterio federal chiapaneco
- El ex secretario de educación Javier Álvarez Ramos y los ex líderes Julio César Chamé Martínez, Jorge Pérez Pérez y David Aguilar Solís, podrían ser encarcelados en cualquier momento
Mario Caballero Aguilar/Areópago.
Recientemente un tribunal federal
confirmó el auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo Morales por
encontrarse responsable de defraudación fiscal por un monto de 2
millones 199 mil pesos, y el 12 de agosto, Víctor Juárez González, juez
primero penal de Pachuca, dictó otro auto de formal prisión pero ahora
en contra de la ex dirigente de la Sección XV del SNTE Mirna García
López, acusada del robo de 123 millones 928 mil 265 pesos de una de las
18 cuentas bancarias pertenecientes al sindicato.
Estos asuntos legales, ya reconocidos
pero nunca antes aplaudidos tan positivamente, han planteado, por así
decirlo, un fenómeno de combate contra la impunidad. Pero, ¿a qué se
debe el éxtasis social? ¿Cuál es el motivo por el que hay que
concederles demasiada importancia? ¿Qué significado tiene esta serie de
procesos contenciosos no sólo para el SNTE sino también para el sistema
político y judicial del país?
El corolario está a la vista: en rigor el sindicalismo magisterial después del arresto de La maestra
pasó por una crisis que creó inestabilidad en el gremio, luchas
internas por cuotas de poder y supuso un replanteamiento
estatutario-organizacional que por consiguiente hizo del SNTE una
agrupación que hoy permite acuerdos, logra consensos, construye
proyectos y marcha aliado voluntariamente con el gobierno del presidente
Peña Nieto. También, este acto de justicia (no existe un mejor adjetivo
para nombrarlo) devolvió la rectoría de la educación a las manos del
gobierno federal, de donde nunca debió salir.
Por otro lado, para razonar el statu quo
de lo que afecta directamente a lo judicial y político, nos lleva a
recapitular sobre el curso de autodestrucción del sistema: Presidentes
de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
gobernadores, jueces, comisionados de los Derechos Humanos, ministerios
públicos, secretarios de educación que se dedicaron a favorecer a un
imperio que duró 24 años en el poder, a una era protagonizada por la
impunidad de la que además se habla su materialización como arma
política, a un liderazgo sindical cuya única virtud fue el desprestigio
del magisterio, a una red de corrupción que se presume llegó a desviar
más de 2 mil 600 millones de pesos en solo cuatro años.
Y las revelaciones que saltan a la luz a
raíz de las investigaciones del largo proceso judicial contra Elba
Esther Gordillo transparentan las debilidades del pasado en materia de
ética legal y ofrecen al conocimiento la falta de consecuencias por los
daños y el inexistente compromiso por parte del poderío del Estado para
con sus gobernados, que en lugar de hacer prevalecer las leyes sobre los
abusos, fraudes y atropellos al extenso código civil y humano, les
atribuían grandeza a los beneficiarios de impunidad.
***
A continuación, el
comentario que obliga al clásico “Si ves las barbas de tu vecino cortar
pon las tuyas a remojar”. Los hechos que encierran la captura de Mirna
García López satisfacen las expectativas de esperanza en la
reconstrucción de la credibilidad en las instituciones: En mayo de este
año, la Procuraduría General de la República abrió una investigación
contra García López en base a la denuncia que interpuso el Comité
Ejecutivo Nacional del SNTE por desvío de recursos, y después de meses
de investigación la PGR giró el 12 de agosto de 2014 la orden de
aprehensión en contra de la ex líder sindical Mirna García por su
presunta responsabilidad en los delitos de fraude y enriquecimiento
ilícito.
Y si a esas vamos, para
acrecentar más el sentido de responsabilidad social, la autoridad está
obligada a revisar los expedientes penales (si los hay) en contra de ex
líderes de la sección 7 y 40 en Chiapas, así como también de secretarios
de educación, que por decir algo vienen siendo como los cabos sueltos
del monstruoso hurto en la era Gordillo Morales. Enumero algunos datos
para la memoria:
- Rosendo Galindez Martínez: Este periodo no pudo encontrar una inmejorable mancuerna. Del binomio Gordillo-Galíndez, que secuestró literalmente a la S7, no sólo se puede hablar del saqueo de recursos, sino aunado a esto hay una serie de delitos que van desde la negación a los derechos de los profesores, hasta la reprobable permisividad para dejar que de entre la agrupación se levantaran grupos radicales para formar un bloque de choque contra el gobierno, y con el chantaje negociar generosas prerrogativas y tener injerencia en las decisiones gubernamentales. Asimismo, no se puede dejar de mencionar la lista de aviadores y las sustracciones a la caja de ahorro.
- Javier Álvarez Ramos: Javier Álvarez fue para Gordillo Morales, como comúnmente se dice, un funcionario a modo. Como secretario de educación en el estado ejecutó las acciones más viles en contra de la educación en Chiapas, recordándose como el hecho más deleznable la alteración de los resultados de la prueba ENLACE que dejó a Chiapas con el primer lugar nacional en matemáticas y español a nivel secundaria. El periodo de Álvarez Ramos en la SE es uno de los más corruptos de nuestros tiempos: El Fondo de Apoyo a la Educación Básica y Normal tuvo grandes violaciones, porque soslayando el procedimiento de licitaciones y concursos, y manejando los contratos a beneficio de amigos, compadres y familiares, el presupuesto se repartió al peso de la impunidad y las cuentas bancarias personales engrosaron sin repercusiones legales. En este apartado, por ejemplo, se utilizaron 83 millones de pesos para la compra de gel antibacterial, material que nunca fue recibido en los almacenes de la secretaria pero del que sí existe factura por la millonaria compra, cientos de millones de pesos para la compra de mobiliario y equipo de cómputo para las escuelas, cien millones de pesos para la adquisición de material didáctico, cien millones de pesos para la adquisición de los seguros escolares, etcétera. Además, se creyó intocable, pues hasta el mismo ex gobernador Sabines nunca se atrevió a pedirle la renuncia para evitar conflictos con Elba Esther Gordillo.
- Juan Manuel Armendáriz Rangel: El 25 de mayo de 2012, Armendáriz es designado delegado del SNTE por Elba Esther en la S7 en sustitución de Rosendo Galíndez Martínez. Originario del estado de Coahuila, fue secretario general de la sección 38, y llegó a Chiapas sin dar ninguna explicación de su traslado y sin aclarar los fuertes rumores de que su transferencia se debió a que buscaba la protección de “la maestra” porque en aquel estado existen serias demandas en su contra por enriquecimiento ilícito, fraude a los fondos de la carrera magisterial, lavado de dinero y por probables nexos con el crimen organizado de Coahuila. Sus cuentas bancarias se identifican en millones de pesos y entre sus muchas propiedades figuran bienes inmuebles como residencias lujosas en Coahuila y en el Distrito Federal, aparte de varios colegios particulares.
- Julio César Chamé Martínez, Jorge Pérez Pérez, David Aguilar Solís: Estos personajes están señalados en la averiguación previa número 669/CAJ4/2004 como responsables del hurto de 51 millones de pesos a la Caja de Ahorro de la S40. Pero gracias al respaldo de Elba Esther Gordillo, dicha averiguación fue desatendida y por último desaparecida por instrucciones de Mariano Herrán Salvatti, ex fiscal del gobierno del estado en el periodo de Pablo Salazar. La riqueza que ostentan estos personajes es bestial y la vida de lujos y excentricidades jamás podrían habérsela dado con el modesto sueldo de un maestro.
***
Por el momento, el gobierno ha exhibido,
y con plenitud, su afán por defender los derechos constitucionales de
todos y atender el reclamo histórico de justicia, y los acontecimientos
recientes han contribuido a solidarizarse con los procesos judiciales
actuales y a darle slogan a la demanda específica, no más impunidad.
Porque el culto a la impunidad es, categóricamente, el peor de todos los
males. La impunidad, ya sea en el SNTE, en el ISSSTE, en el COBACH, o
en cualquier otra institución, exige el castigo y el repudio social
extremo.
Hay muchos todavía incrustados en el
andamiaje gubernamental, sujetos como Ricardo Aguilar Gordillo que
debería estar tras las rejas y no usufructuando con el erario, pero que
al fin y al cabo, junto con los antes mencionados, les llegará su hora
de rendirle cuentas a la justicia.
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