Eliminar cien
diputaciones plurinominales representaría un ahorro millonario para el país que
puede invertirse en más obras sociales
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Alejandra
Soriano, Amadeo Espinosa Ramos y su mafia del PT: Los más beneficiados con las
malditas plurinominales
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Las
plurinominales ya no tienen razón de ser; urge apoyar la consulta para terminar
con fueros e impunidad
Mario Caballero/Areópago
La
propuesta que lanzó el PRI el 20 de agosto de 2014 de eliminar 132 legisladores
plurinominales ha precipitado lo que podría considerarse una avalancha de
nieve. Los primeros en oponerse fueron los del PRD, cuya defensa a la mano, la
única, es el ataque. Pero quizá la reacción menos compresible es la del
diputado federal plurinominal Julio César Godoy Toscano, el más combativo o, si
se quiere, el más mañosamente a la defensiva: “Suprimir las figuras
plurinominales equivale a un retroceso en la democracia y a propiciar un
desequilibrio en el poder”.
¿De dónde saca
el futuro presidiario que eliminar las plurinominales es un retroceso
democrático y que además rompe el equilibrio en el poder? En primer lugar, el
legislador por representación proporcional nunca ha personificado un beneficio
para la democracia porque más allá de robustecer la oposición, el ideal partidista
y ser un agente que vincule el régimen con los intereses generales de
competencia nacional, es defensor de las ambiciones de grupos radicales, es la
detentación de un cargo, es la conversión de la soberanía como título de
impunidad.
Y en segundo lugar,
¿con qué calidad moral opina al respecto cuando hay serias acusaciones de
lavado de dinero y de nexos con el narcotráfico en su contra? A la sazón, ¿cuál
es el sentido de su lucha? Porque el único sentido a la vista es que su
intervención en el asunto no es dirigido en defensa del sistema democrático del
país (dixit), sino para la retención del fuero que hasta hoy lo mantiene
prófugo de la justicia, y que obtuvo gracias a la complicidad de sus compañeros
de bancada que lo metieron al recinto legislativo escondido en la cajuela de
una camioneta para no ser aprehendido antes de hacer la toma de protesta.
PORQUE
SÍ
Después de la
pequeña ilustración anterior, ¿cómo se pueden defender las plurinominales?
¿Recurriendo a la historia y demostrando que han servido para darle equidad al
poder? ¿Destapando los expedientes políticos para argumentar que una diputación
o senaduría plurinominal no significa abuso y protección, sino un avance
democrático? ¿Abriendo un foro público para debatir que la eliminación vendría
simbolizando una regresión política para el Estado mexicano? Cosas poco –o
nada– practicables.
De tal manera
que si no es bajo las premisas de inmunidad, pago de favores o pactos
políticos, no hay forma de explicar cómo una hija y un nieto de Elba Esther
Gordillo sean senadora y diputado plurinominales. ¿O cómo entender que los
líderes del sindicato petrolero sean uno senador y otro diputado por la misma
vía? Tampoco habría otra justificación para los motivos indiscutibles que
llevaron a un hijo de Martha Sahagún a ser diputado plurinominal por el Partido
Nueva Alianza.
Por lo tanto,
¿qué valor tiene la propuesta del PRI? O mejor dicho, ¿cuáles serían los
beneficios eliminando a 100 de los 200 diputados federales y los 32 senadores
de representación proporcional? Entre otras cosas, lo siguiente: Evitar atrasos
en toma de decisiones en los procesos legislativos que tanto le urgen a la
patria y reducir el gasto.
Veámoslo,
primeramente, por el lado del costo económico: De aprobarse la reducción de los
100 diputados federales, el ahorro en sueldos por los tres años de legislatura
sería de 536 millones 400 mil pesos; además, habría una reserva extra por 601
millones de pesos por concepto de apoyos ordinarios y extraordinarios, los
cuales son pago de asesores, servicio de alimentos, boletos de avión, primas
vacacionales, seguros médicos de gastos mayores, telefonía celular, pases de
casetas carreteras, vehículos, entre otros, es decir, la suma de 167 mil 666
pesos que cada legislador recibe mensualmente por aprobación de la Secretaria
General del Congreso Federal para que puedan cumplir con sus obligaciones y
compromisos que marca la ley. En total sería un aproximado de 1137 millones de
pesos por quitar a esos 100 diputados.
Ahora, por los
32 senadores se ahorrarían 45 millones 273 mil 600 pesos anuales en el pago de
sueldos (nótese que sólo estamos hablando de sueldos, sin contar las
subvenciones (sinónimo de estafa), ya que un senador gana alrededor de 117 mil
900 pesos por llegar a dormir a su curul). Por consiguiente, son más de 234
millones de pesos anuales entre sueldos de diputados y senadores que al
ahorrarse podrían ser mejor aprovechados en la construcción de hospitales,
escuelas, seguridad social, etcétera.
Y esto nos
lleva necesariamente a buscarle una respuesta a la situación de ¿cómo en un
país tercermundista, con un régimen económico familiar que en su mayoría no
permite siquiera una vida digna, con desigual distribución de la riqueza, con
pobreza y miseria alarmantes, sin empleos, sin opciones para los miles de
jóvenes que año con año egresan de las universidades, con seres angustiados por
la renta o los servicios médicos o el hambre,
se puede dar el lujo de pagar sueldos tan elevados, sueldos cuyo
incremento no va acorde con el aumento al salario mínimo (para el 2014 el
incremento al salario mínimo fue del 3.9% equivalente a 2.46 pesos diarios, ni
para medio kilo de tortilla)?
Al respecto,
sólo me permito un señalamiento: que lo más triste es para lo que ha servido el
(involuntario) derroche económico. Porque la imagen del legislador
plurinominal, creada por Jesús Reyes Heroles en el año de 1977 con la idea de
darle mayor legitimidad a la democracia y equilibrar el poder legislativo,
teniendo las mismas funciones que un diputado de mayoría relativa (representar
al pueblo, fiscalizar los recursos públicos, legislar y gestionar apoyos ante
los distintos órdenes de gobierno), nunca ha sido fundamental –insisto- para el
desarrollo democrático, pues ha servido nada más para cubrir cuotas políticas
de los partidos y devenir en un evidente desastre administrativo y político.
A
PROPÓSITO EN CHIAPAS
Hablemos de
los acontecimientos en el Congreso local. ¿Qué han hecho por Chiapas personajes
como Amadeo Espinosa Ramos, Alejandra Soriano Ruiz, Juan Carlos López
Fernández, Abundio Peregrino García, Hugo Roblero Gordillo, Sonia Catalina
Álvarez, por citar algunos, bajo la investidura plurinominal?
Para ellos
esta figura es la entrega de cuotas de apoyo. Así fue como Juan Carlos López
Fernández asciende al escenario político y de ahí alcanza el estrellato
delictivo al usar el fuero para escapar de la justica, ya que parte de su
fortuna lo obtiene del crimen organizado de Tabasco.
El pago de
lealtades políticas. Alejandra Soriano es premiada con una diputación fast
track por Juan Sabines Guerrero, a quien le aprobó las deudas que
contrajo el gobierno y que hoy representan el atraco más monstruoso en la
historia de Chiapas.
El servilismo
a grupos mafiosos: Amadeo Espinosa Ramos, siendo diputado federal plurinominal
en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, arma a un grupo de choque en la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, para incendiar el ayuntamiento de Palenque con
tal de eliminar los registros que incriminaban a Alfredo Cruz Guzmán de un
millonario hurto al erario público.
La defensa en
cuerpo y alma de las corrientes partidistas que contralan políticamente a la
agrupación en general (Sonia Catalina, Hugo Roblero y Abundio Peregrino no
pueden ocultar su participación en las maniobras que Amadeo Espinosa hace para
controlar el Partido del Trabajo en Chiapas, y es por eso que todos ellos has
sido beneficiarios de esta distinción).
LA
CONSULTA
El
reto que tenía el PRI de reunir un millón 600 mil firmas en la consulta social
que propone la eliminación de las 132 curules plurinominales, es fundamental
porque, pese al complejo proceso de aprobación, una plurinominal nunca
favorecerá a la política, menos aun cuando su único fin es la acumulación de
poder y riqueza. La propuesta no es sólo quitar del presupuesto a 132 gentes,
sino también impedir que se siga institucionalizando la impunidad.
Lo
que hay que entender no es quién sale ganando con esto, si el PRI o el pueblo.
Porque la razón real del asunto es el desalojo de Amadeos Espinosa, de Juanes
López Fernández, de Julios Godoy Toscano, a quienes hay que imposibilitarles el
acceso al mando para que ya no se reporten más crímenes a la nación; la razón
es acabar, en términos claros, con el narcopoder.
Unas
horas antes de vencerse el plazo, es decir el 15 de septiembre, el PRI anunció
en voz de su dirigente nacional haber reunido un promedio de 6 millones de
firmas, una cifra sin precedentes lograda en sólo tres semanas y que el lunes
15 de septiembre de 2014 fue entregada por su estudio a la Cámara Alta.
El
siguiente paso está en manos de la Corte. Los ciudadanos ya hablaron.
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