• ¿Pueden los ciudadanos confiar en consejeros que son
los primeros en violar la ley?
• Presunto desvío de 2 millones de pesos al mes para
financiar a grupos subversivos
• Lorenzo López Méndez: de indígena a maniquí que vive
como rey con el presupuesto
Héctor Lavariaga/Areópago
La broma pesada que gastó a los chiapanecos
hace unos días el presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos
Lorenzo López Méndez es intolerable y garrafal. Es una burla. Una ofensa a la
sociedad porque el tema de los derechos humanos sigue extraviado en
complicidades y abusos.
El 31 de mayo de 2013,
López Méndez presentó su segundo informe de actividades al frente del
organismo. Es sin duda un evento protocolario, de mero trámite burocrático,
porque es bien sabido que el Consejo hace tiempo se divorció de los ciudadanos
para convertirse en botín de una banda de pillos que se reparten las canonjías.
¿Qué puede notificar un
arlequín que con la bandera indígena ha acumulado riquezas? Nada, desde luego.
Pero el dichoso informe fue el mejor pretexto para montar un espectáculo
circense siendo invitado de honor el presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos Raúl Medina Plascencia.
Preñado de cinismo,
López dijo que el trabajo realizado en 2012 por este Consejo permitirá avanzar
en la construcción de una mejor política en materia de derechos humanos. Lindas
palabras, pero embarradas de hipocresía y falsedad que chocan con el dramático
escenario que vive la institución.
2012 fue particularmente
un año aciago para los derechos humanos al sucumbir el Consejo en una lucha
encarnizada por los cotos de impunidad; aquello se trató de una batalla campal
con un solo origen y propósito: el dinero.
El bufón López Méndez no
es el indígena tzotzil que presume ser. De indígena solo tiene el nombre, pues
él, a diferencia de la gente de su etnia que usa vestimentas tradicionales que
son motivo de orgullo para los chiapanecos ya que dan identidad a nuestras
raíces, se arrebuja en ropas caras y elegantes, en trajes confeccionados por
diseñadores europeos; calza zapatos de marca que en la tienda Liverpool cuestan alrededor de cinco
mil pesos, come en los restaurantes La Mansión o el Asador Castellanos y en más de una
ocasión ha paseado por el Viejo Continente con dinero del patrimonio público.
Con una carrera
desarrollada dentro del Poder Judicial del Estado en donde fungió como defensor
de oficio, López Méndez llegó por primera ocasión al Consejo el 6 de enero de
2011 luego de que la designación del Ombudsman presuntamente se abrió a la
participación ciudadana. Su paso en esa etapa igualmente estuvo trastabillado y
manchado por los escándalos de corrupción agrandando la desconfianza social.
Nada tiene qué presumir
Lorenzo López Méndez como la sociedad tampoco debe agradecer algo al Consejo.
En los dos sexenios anteriores, la llamada docena trágica, el de los derechos
humanos se transformó en un asunto francamente calamitoso porque los ciudadanos
permanecieron en estado de indefensión a raíz de que el Consejo sólo fue
tapadera de atropellos, por un lado, y por otro una cofradía dedicada al hurto
del erario.
No están erradas las
voces que se han pronunciado por la desaparición del Consejo a través de una
reforma constitucional profunda, integral, que acopie ciertamente las
expresiones de la gente. La reforma con Sabines fue simulada y al final el
Consejo sirvió para todo, menos para proteger los derechos constitucionales de
quienes aquí vivimos. Con Pablo Salazar el Consejo (que antes era Comisión) se
volvió una lumia inescrupulosa y
solícita para satisfacer los caprichos del poder.
Dar las exequias al
actual Consejo para regresarlo a una nueva figura ciudadanizada en verdad, no
maquillada de democracia, ayudaría asimismo a enterrar a una pandilla de
gandules, pendencieros, gorrones y parásitos que por años lo han controlado y
han vivido placenteramente con el presupuesto que el Consejo recibe, arriba de
los 30 millones de pesos que se reparte en nómina, sueldos elevadísimos de los
Consejeros, viáticos para ellos y sus amantes si van de shopping a otras partes de la República y salen al extranjero.
Si bien los derechos
humanos nacen con el hombre y no son una dádiva de ningún gobierno, debe haber
un organismo integrado por personas honorables y comprometidas en su promoción,
defensa y divulgación. No es el caso del actual Consejo que nació tuerto, cojo
y amorfo porque desde entonces majaderamente se ha privilegiado la violación de
la ley cuando ese Consejo está encargado de defenderla con imparcialidad,
ecuanimidad y arrojo resuelto. En casa de herrero, cuchillo de palo, instruye
el dicho.
El Congreso del Estado,
que hoy sí está compuesto por hombres y mujeres de probada convicción y
solvencia moral, pronto deberá intervenir a fin de escuchar el grito colectivo
que pide parar la anarquía y los atracos en ese Consejo, depurarlo, colocarlo
sin tapujos a las órdenes de la sociedad, o definitivamente darle los santos
óleos si el caso lo amerita para que así el Ombudsman sea digno de confianza,
respeto y también de admiración.
HISTORIA
Los derechos humanos son impostergables en una
sociedad democrática. Como sabemos, el quehacer de los organismos que están
encargados de salvaguardar esos derechos es, por mucho, un contrapeso al
desempeño del poder, pues su intervención enérgica y equilibrada logra frenar
los abusos de cualquier autoridad, sobre todo las policiales.
En Chiapas hasta ahora
el Consejo Estatal de los Derechos Humanos tiene una historia ligada al desastre.
Vaivenes emanados del poder oficial que no le han permitido un crecimiento y
respeto sólidos, han hecho del Consejo una entidad frágil y carente de estima y
verosimilitud por parte de los ciudadanos.
La composición del
Consejo Estatal de los Derechos Humanos ha sido atropellada, entre cortinas de
humo y al amparo de los contubernios. ¿Pueden los ciudadanos creer en sus
defensores de derechos humanos si ellos son los primeros en violar la ley?
La Ley establece que el Consejo
deberá estar compuesto por ciudadanos chiapanecos que no hayan ocupados cargos
públicos. Paradójicamente la consejera Marina Patricia Jiménez, ex colaboradora
del Obispo Samuel Ruiz García y diestra en estrategias guerrilleras, dama que
ejerce un control notable en el Consejo, es originaria del Distrito Federal.
Todos los consejeros han sido policías, asesores jurídicos o diputados, algo
francamente irónico.
Mauricio Mendoza
Castañeda fue diputado local hasta noviembre de 2010 y un profesional de la
política chapucera. El Consejo en la actualidad funciona con tres consejeros y
un consejero presidente que es el ya célebre Lorenzo López Méndez.
Por si fuera poco y más
allá de los escándalos generados por el pleito de la jugosa chuleta en el
Consejo, hay barruntos de desvíos de recursos, pues se cree que dos consejeros
están usando parte del presupuesto para financiar a organizaciones subversivas
llamadas no gubernamentales. Se especula que dos millones de pesos al mes se
destinan para actividades sospechosas.
La pregunta es: ¿En manos de quién están los derechos humanos de los chiapanecos?
La pregunta es: ¿En manos de quién están los derechos humanos de los chiapanecos?
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